Entre el 80% y el 90% de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe están desempleadas o fuera del mercado laboral formal. Este dato, señala Yennifer Villa Rojas, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), “enciende las alarmas sobre la ausencia de condiciones reales para una vida digna de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadoras”.

De acuerdo con la ONU, la mayoría de quienes logran acceder a un empleo reciben una remuneración insuficiente o incluso no monetaria, según su Fact Sheet on Persons with Disabilities.

“Se requieren transformaciones profundas en las políticas públicas de los países del continente, empezando por la participación activa de quienes viven la discapacidad, la revisión de las nociones tradicionales de empleo y la focalización de acciones en las personas históricamente discriminadas”, afirma Villa Rojas.

Según datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca de 85 millones de personas en América Latina y el Caribe viven con alguna discapacidad, lo que representa el 14,7% de la población regional. La mayoría enfrenta barreras estructurales para acceder a un empleo digno: bajo nivel educativo debido a la falta de inclusión en el sistema escolar, carencia de accesibilidad física y digital, discriminación en los procesos de contratación y alta dependencia de la economía informal.

El panorama regional revela una brecha entre la norma y la práctica. Aunque los países han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y cuentan con marcos legales que promueven la inclusión laboral, los resultados continúan siendo insuficientes.

Entre los principales desafíos identificados por los organismos internacionales destacan:

• Reducir la brecha educativa y promover la formación adaptada a las demandas del mercado laboral.
• Fortalecer los sistemas de inspección y sanción para garantizar el cumplimiento de las cuotas de inclusión.
• Financiar los ajustes razonables y de accesibilidad universal en los lugares de trabajo.
• Combatir el estigma social y empresarial mediante campañas y programas de sensibilización.

Aun así, existen avances relevantes. Programas de intermediación laboral y formación inclusiva, impulsados por el Banco Mundial y el BID, demuestran que cuando se combinan incentivos empresariales, acompañamiento y accesibilidad, la contratación de personas con discapacidad no solo es posible, sino que genera valor agregado en términos de diversidad, productividad e innovación.

Finalmente, Villa Rojas propone repensar el concepto mismo de trabajo: “Reconocemos otros modos de vivirlo, como el comunal, comunitario o colectivo. También existen formas de producción que buscan cuidar todas las vidas, no solo las humanas, apostando por el decrecimiento y el bien-estar colectivo. Reconocer la discapacidad como experiencia transforma la idea universal de trabajo y abre espacio a las diferencias, sin pretender normalizarlas”, concluye.

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