Durante el lanzamiento de la nueva plataforma Panamá en Cifras Digitales, desarrollada por la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ana Gabriela Soberón, reiteró que el Ministerio de Trabajo (MITRADEL), como entidad responsable de las políticas laborales del país, tiene una responsabilidad penal en el manejo de fondos públicos destinados a las agrupaciones sindicales para procesos de capacitación.

En ese sentido, enfatizó que el ministerio no puede actuar de manera irresponsable y continuar con la entrega de recursos sin contar con los resultados de las auditorías solicitadas por la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño.

“La ministra Jackeline Muñoz solicitó a la Contraloría General de la República la realización de auditorías. Nuestras auditorías internas ya han detectado una posible lesión patrimonial por cinco millones de dólares. Sin embargo, aún estamos a la espera de los resultados definitivos que emita la entidad fiscalizadora”, explicó Soberón.

Asimismo, la viceministra destacó que, como parte de la estrategia de fortalecimiento interinstitucional, el Mitradel trabaja en el desarrollo del Observatorio del Mercado Laboral, en coordinación con el INEC. Esta herramienta permitirá contar con datos actualizados y confiables para que la ciudadanía pueda conocer la evolución del mercado laboral, su comportamiento por sectores y su distribución por provincias.

En relación con la situación entre trabajadores y la empresa Chiquita, Soberón aclaró que el Ministerio de Trabajo actúa únicamente en su función fiscalizadora, mientras que las negociaciones con la compañía están siendo lideradas por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

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