La transparencia salarial y la no discriminación en las condiciones laborales son principios fundamentales para construir sociedades más justas, equitativas y productivas. A pesar de su importancia, en Centroamérica persisten grandes desafíos para garantizar su cumplimiento, tanto a nivel normativo como práctico. Este artículo presenta una comparación regional entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, a partir de cinco ejes clave.

En la mayoría de los países de la región no existen normativas específicas que garanticen la transparencia salarial. Sin embargo, en los 5 países existen normas o principios análogos donde se busca que exista igualdad dentro de los puestos o trabajos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, Guatemala y El Salvador carecen de legislación que obligue a los empleadores a divulgar escalas salariales o prácticas remunerativas, lo cual dificulta la detección de posibles actos discriminatorios. 

Lo que si comparten los 5 países es que, ya sea dentro de la Constitución Política y/o dentro del Código de Trabajo, se reconoce normativamente el principio de “igual salario por igual trabajo”, aunque en la práctica el cumplimiento es parcial. Es decir, aquellas posiciones que en idénticas circunstancias desarrollen una labor igual, devengarán igual remuneración sin importar su sexo, edad, raza, color, o condición de discapacidad, nacionalidad, opinión política, creencia religiosa o cualquier forma de discriminación.

Los principales indicadores de discriminación en la región coinciden en señalar brechas salariales por género, etnia y edad. En El Salvador y Nicaragua, los trabajadores enfrentan disparidades evidentes, especialmente por temas de género. Costa Rica y Honduras también registran estas brechas. Para Costa Rica, según datos del INEC y la CEPAL, las mujeres ganan entre un 10% y un 20% menos que los hombres por trabajos de igual valor.

A nivel de obligaciones de los empleadores, estas pueden varían según el país. En general, todos los patronos de la región están obligados a garantizar la igualdad de condiciones salariales entre trabajadores que desempeñan funciones similares. Sin embargo, estas obligaciones no suelen ir más allá del cumplimiento formal del principio, sin mecanismos efectivos de fiscalización. En contraste, en Nicaragua y Costa Rica se han integrado estas obligaciones dentro de normativas más amplias que incluyen principios fundamentales del trabajo decente, y se promueven de forma voluntaria a través de buenas prácticas.

Mecanismos para denunciar y corregir la discriminación

La mayoría de los países centroamericanos dispone de canales formales para denunciar actos discriminatorios, principalmente a través de las inspecciones laborales. En Guatemala, El Salvador y Honduras, los trabajadores pueden presentar quejas ante la Inspección General del Trabajo. En Nicaragua, esta labor recae sobre el MITRAB (Ministerio del Trabajo). Costa Rica ofrece un abanico más amplio de mecanismos, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, lo que fortalece la posibilidad de corrección.

¿Cuáles son los beneficios de la transparencia salarial para las empresas?

Aplicar políticas de transparencia y equidad salarial no solo mejora el clima organizacional, sino que también permite retener talento, prevenir conflictos y elevar la productividad. En todos los países analizados, los beneficios más señalados incluyen un mejor ambiente laboral, mayor motivación del personal y fortalecimiento de la reputación institucional. En el caso costarricense, se destaca que muchas empresas que adoptan estos principios cumplen con estándares internacionales, lo cual les permite posicionarse favorablemente en el comercio global.

La región centroamericana comparte retos importantes en materia de transparencia y no discriminación salarial. Aunque existen principios reconocidos por ley en varios países, su aplicación efectiva aún es limitada. Resulta urgente que los Estados fortalezcan sus marcos normativos y desarrollen mecanismos accesibles de fiscalización, así como campañas de sensibilización tanto para empleadores como para trabajadores. Promover la equidad salarial no solo es un imperativo de justicia social, sino también una estrategia clave para el desarrollo económico sostenible.

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